La lista de los que cobran: El portafolio perdido y los 14 disparos que Carlos Salinas de Gortari intentó enterrar para siempre

Había una conversación pendiente en el aire denso y caluroso de Jalisco, una de esas charlas que no admiten más demoras y que, en los pasillos alfombrados de la Ciudad de México, se intentaba asfixiar con el silencio. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llevaba semanas, quizás meses, intentando cruzar el umbral de una puerta que permanecía sellada. Del otro lado, Carlos Salinas de Gortari, el arquitecto del México moderno, el hombre que soñaba con el primer mundo, evitaba ese encuentro con una precisión quirúrgica. Posadas Ocampo no buscaba una bendición protocolaria ni una foto para los diarios; el cardenal sabía demasiado. En su mente, y sobre todo en el portafolio de cuero que apretaba contra su costado, bullía el mapa real del país: cómo se estaban repartiendo el territorio los cárteles, los nombres exactos que figuraban en los acuerdos de impunidad, qué funcionarios de alto rango recibían sobres bajo la mesa y qué rutas de transporte estaban blindadas por órdenes superiores. Aquel 24 de mayo de 1993, el cardenal se vistió con su sotana negra, se ajustó la cruz pectoral que destellaba bajo la luz de la mañana y subió a su lujoso Gran Marquis blanco. Tenía una cita en el aeropuerto de Guadalajara para recibir al nuncio apostólico, pero también tenía la firme intención de que esa tarde, después de años de acumulación, la verdad finalmente dejara de ser un secreto de confesión para convertirse en una denuncia nacional. Nunca llegó a terminar esa frase.

Para entender por qué una bala puede silenciar a una institución, primero hay que entender al hombre que cargaba con la responsabilidad de la fe en el occidente mexicano. Juan Jesús Posadas Ocampo no era un extraño a la fricción entre el cielo y la tierra. Nacido en 1926 en el seno de una familia de clase media en Zapotlán el Grande, creció respirando el polvo de una tierra que aún supuraba las heridas de la Guerra Cristera. En Jalisco, la religión no era un accesorio dominical, era una identidad forjada en sangre. Los ecos del “¡Viva Cristo Rey!” y las historias de sacerdotes ejecutados en plazas públicas eran el tejido de su infancia. Posadas no eligió el seminario por comodidad, sino por una convicción profunda, endurecida por la certeza de que la fe y el poder político en México siempre han habitado una frontera peligrosa y mal cicatrizada.

Ordenado en 1936, Posadas Ocampo ascendió por la jerarquía eclesiástica con la discreción de quien sabe que el rigor es más duradero que el carisma. No era el orador más elocuente ni el diplomático más sonriente, pero era, sin duda, el más meticuloso. Mientras otros improvisaban sermones, él llegaba a las reuniones con notas exhaustivas y expedientes verificados. Su paso por las diócesis de Tijuana, Cuernavaca y Puebla fue una preparación silenciosa para lo que encontraría el 13 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Guadalajara. Al llegar a la segunda ciudad más importante del país, Posadas no encontró solo una comunidad ferviente; se topó de frente con el epicentro operativo del narcotráfico. Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, manejaba desde allí una red que unía el país de norte a sur, una estructura que funcionaba con la puntualidad de un reloj suizo gracias a un sistema de administración perverso: el Estado no perseguía el tráfico, cobraba por gestionarlo. En ese orden criminal, Posadas Ocampo empezó a escuchar. Los párrocos de las colonias populares le traían historias de jóvenes reclutados, de familias destrozadas por la adicción y de negocios legales que lavaban dinero ante la mirada complaciente de la policía. El cardenal tomó nota de cada relato, de cada nombre mencionado en voz baja, y empezó a construir una base de datos que, con el tiempo, se volvería letal.

Mientras el cardenal acumulaba conocimiento en las sombras de la catedral, en la superficie, México intentaba vender una imagen de modernidad absoluta. Carlos Salinas de Gortari había llegado a la presidencia en 1988 bajo la sombra de la sospecha, en una noche donde “el sistema se cayó” justo cuando los números no le favorecían. Para legitimar su mandato, Salinas lanzó un plan de reformas ambiciosas: privatizaciones masivas, apertura comercial y la joya de la corona, el Tratado de Libre Comercio (TLC). México necesitaba parecer un país estable, seguro y confiable para los inversores extranjeros. Estados Unidos preguntaba con insistencia sobre el narcotráfico, y la respuesta desde Los Pinos era siempre la misma: “Estamos combatiendo el crimen con toda la fuerza del Estado”. Pero la realidad que Posadas Ocampo veía en las calles de Guadalajara desmentía cada discurso oficial.

Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, el cártel de Guadalajara no desapareció, se fragmentó en feudos hambrientos de poder. Los hermanos Arellano Félix se atrincheraron en Tijuana, Amado Carrillo Fuentes tomó Juárez, y un joven Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzó a cimentar su leyenda en Sinaloa. Esta fragmentación trajo consigo una competencia feroz y una violencia que ya no se podía ocultar con comunicados de prensa. El sistema de “administración” del tráfico se volvió más complejo; ahora había que negociar con múltiples interlocutores, y cada uno exigía su propia cuota de protección institucional. Posadas Ocampo, con su rigor característico, entendió que el sistema no se estaba rompiendo, se estaba multiplicando. En algún punto de 1992, la información que le llegaba al cardenal dio un salto cualitativo. Ya no eran solo quejas de vecinos; eran copias de documentos, transcripciones de llamadas y registros de pagos que señalaban directamente a la estructura del gobierno federal.

Uno de los capítulos más oscuros y menos discutidos del expediente que Arfuch ha analizado es la existencia de la “Fuente JE7”. Según los documentos, esta fuente no era un informante del bajo mundo, sino alguien profundamente incrustado en la Procuraduría General de la República (PGR). Era un funcionario con acceso a los archivos de inteligencia más sensibles, un hombre que veía con horror cómo los expedientes contra los capos eran archivados por órdenes de arriba, cómo las investigaciones se desviaban y cómo sus colegas eran silenciados o desplazados. Movido por una mezcla de convicción moral y un miedo cerval a terminar como aquellos que intentaron denunciar, este funcionario decidió que la única forma de que la información sobreviviera era sacándola del sistema oficial.

La Iglesia Católica era el único canal que el gobierno de Salinas no podía controlar del todo. Un cardenal de la importancia de Posadas Ocampo tenía una plataforma moral internacional y acceso directo al Vaticano. Si él hablaba, el mundo escuchaba. A través de un intermediario, la Fuente J7 comenzó a entregarle a Posadas lo que hoy conocemos como “La lista de los que cobran”. No eran rumores; eran pruebas documentales de que ciertos operativos de la policía federal se cancelaban deliberadamente, de que había cargamentos que cruzaban la frontera por rutas “limpias” y de que existía un acuerdo implícito entre el gobierno federal y una facción específica del narcotráfico para mantener una violencia controlada a cambio de beneficios económicos astronómicos. Posadas Ocampo sabía que tener esos papeles lo convertía en un hombre marcado, pero su formación cristera le impedía dar un paso atrás. El sistema, sin embargo, tenía mecanismos de detección de filtraciones. Alguien en las altas esferas de Los Pinos se enteró de que el cardenal ya no solo tenía sospechas, sino que tenía los documentos. El tiempo para la diplomacia se había agotado.

La mañana del 24 de mayo de 1993, pocas horas antes de que el Gran Marquis blanco se detuviera en la terminal del aeropuerto, ocurrió un evento que la historia oficial ha preferido omitir en sus resúmenes ejecutivos. Posadas Ocampo asistió a una reunión privada en Guadalajara con personajes que operaban como enlaces del gobierno federal. No eran ministros, sino “fixers”, hombres sin cargos visibles que movían los hilos de la política real. Los testimonios recogidos en el expediente describen un ambiente de una tensión eléctrica, donde el sonido de las tazas de café chocando contra el platillo era lo único que rompía los silencios incómodos.

Posadas habló con una franqueza que rozaba la imprudencia. Miró a los ojos a los operadores y les soltó la carga que llevaba dentro: “Todos sabemos que muchos políticos importantes están haciendo negocio del narcotráfico y eso no debemos permitirlo”. Declaró que tenía la intención de llevar la documentación directamente ante el presidente Salinas y, si el acceso le seguía siendo negado, buscaría otros canales, incluyendo la prensa internacional y el Vaticano. Los operadores intentaron calmarlo, le pidieron “paciencia”, le sugirieron que esperara a un canal formal que ellos mismos coordinarían. Posadas se negó en redondo. Se levantó de la mesa, apretó su portafolio y salió de la habitación. Testigos afirman que fue sacado prácticamente a empujones por la seguridad del lugar, en medio de un clima de ruptura total. En ese momento, la suerte estaba echada. Tres horas después, la conversación que el cardenal quería tener con el país sería terminada por la fuerza de la pólvora.

A las 3:47 de la tarde, el vehículo del cardenal entró en la zona de estacionamiento del aeropuerto Miguel Hidalgo. Posadas iba en el asiento del pasajero, con el portafolio sobre las piernas, repasando mentalmente los puntos que discutiría con el nuncio Prigione. La versión que el gobierno de Salinas difundió casi de inmediato hablaba de un “fuego cruzado” accidental. Según esta narrativa, los sicarios de los Arellano Félix estaban allí para emboscar al Chapo Guzmán, y confundieron el Marquis blanco del prelado con el del capo sinaloense. Fue una explicación conveniente, rápida y profundamente falsa.

El médico forense que realizó el primer examen del cuerpo fue el primero en notar que la realidad no encajaba con el guion. El cardenal no murió por una bala perdida en medio de una balacera confusa. Su cuerpo recibió 14 impactos, todos realizados a muy corta distancia. La balística no mentía: los disparos tenían una trayectoria descendente, lo que indicaba que el tirador estaba de pie, justo al lado de la ventanilla, disparando de arriba hacia abajo contra un blanco estático. No hubo dispersión de balas propia de un tiroteo entre grupos rivales; fue una ejecución precisa, deliberada y directa. Antes de que el cuerpo de Posadas tocara el suelo, antes incluso de que la policía local se atreviera a acercarse, alguien abrió la puerta del vehículo, buscó con desesperación en el asiento y se llevó el portafolio. Los documentos con los nombres, las fechas y las rutas desaparecieron en ese mismo instante para nunca volver a ser vistos. Carlos Salinas de Gortari, informado en tiempo récord, dio una instrucción que cerraría el círculo del encubrimiento: prohibió que se le practicara una autopsia formal al cardenal. ¿Qué temía que encontraran los forenses en ese tejido desgarrado? ¿Qué secretos gritaba ese cuerpo que Salinas necesitaba silenciar con un entierro apresurado?

La investigación oficial se centró exclusivamente en los Arellano Félix y en el Chapo Guzmán, pero el expediente de 56 tomos que Arfuch ha desenterrado contiene el rastro de un “tercer grupo”. Al menos cuatro testigos independientes, entrevistados en las primeras horas antes de que fueran “visitados” por agentes federales, describieron a un comando de hombres que no vestían como los sicarios habituales. No usaban jeans ni camisas holgadas para ocultar armas; vestían de forma formal, con cortes de cabello militares y una disciplina de movimiento que evocaba entornos institucionales. Este grupo actuó de forma coordinada pero separada de los narcotraficantes, acercándose al vehículo del cardenal y retirándose justo antes de que llegaran las primeras patrullas de la Policía Federal Caminera.

Uno de estos hombres fue identificado años después como un operativo de una estructura de inteligencia que reportaba directamente a la Secretaría de Gobernación y a Los Pinos. La presencia de este tercer grupo cambia la narrativa de un “error trágico” a una “operación de Estado”. No estaban allí para matar al Chapo; estaban allí para asegurar que el cardenal no saliera vivo del aeropuerto y, sobre todo, para recuperar la lista de los que cobran. La confusión entre los Marquis blancos fue el velo perfecto, una cortina de humo mediática que el gobierno alimentó con testigos comprados y evidencia sembrada. El propio subprocurador general de la República de ese entonces, en un acto de valentía que le costaría la carrera, le escribió una carta al procurador Jorge Carpizo acusándolo de manipular el caso desde el primer minuto. Esa carta, firmada y sellada, duerme hoy en los archivos como el testimonio mudo de una justicia secuestrada por el poder presidencial.

El asesinato de Posadas Ocampo no puede verse como un evento aislado; es la primera ficha de un dominó de sangre que recorrió el final del sexenio salinista. En un sistema donde la información era el activo más peligroso, aquellos que intentaron salirse del guion oficial terminaron bajo tierra. Nueve años antes había sido Manuel Buendía, el periodista que investigaba los nexos entre la Dirección Federal de Seguridad y el narco. Ocho meses después de Posadas, sería Luis Donaldo Colosio, el sucesor que en su discurso del 6 de marzo de 1994 prometió reformar al PRI y separar al partido del Estado. Poco después caería José Francisco Ruiz Massieu, el cuñado del presidente que preparaba una exposición pública de irregularidades internas.

Los cuatro tenían algo en común: sabían cosas que amenazaban el proyecto de Salinas. Los cuatro fueron silenciados en circunstancias donde las versiones oficiales resultaron absurdas ante el análisis forense y testimonial independiente. El patrón es innegable y tiene un solo centro de mando. No se trata de una conspiración de pasillo, sino de un mecanismo de supervivencia de un régimen que había decidido que el TLC y su imagen internacional valían más que cualquier vida humana. Salinas construyó un sistema de impunidad tan sofisticado que, 32 años después, sigue caminando por las calles de México con la tranquilidad de quien nada debe, porque nada le ha sido cobrado. Ningún fiscal lo ha citado a declarar sobre la orden de no autopsia; ningún juez le ha pedido que explique por qué desapareció el portafolio del hombre que esa misma mañana lo había desafiado.

Hoy, si pasas por el estacionamiento del Aeropuerto Miguel Hidalgo en Guadalajara, no encontrarás nada que te indique que allí ocurrió un magnicidio que cambió el rumbo de la política mexicana. No hay placas, no hay flores, no hay rastro. La impunidad más perfecta es la que borra la memoria del espacio físico, la que normaliza el sitio del crimen hasta convertirlo en una baldosa más que los pasajeros pisan con sus maletas mientras revisan sus teléfonos. Sin embargo, el expediente de 56 tomos sigue ahí, esperando a un Estado que tenga la voluntad de verse al espejo sin los filtros de la conveniencia política.

La familia de Posadas Ocampo y la propia Iglesia Católica en México no han soltado el caso. En los archivos internos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el asesinato sigue siendo una herida abierta, un recordatorio de que la cooperación de los años de Salinas fue una ilusión pagada con 14 disparos. Posadas Ocampo, a sus 81 años, pudo haber elegido el silencio cómodo de la vejez, pero eligió la urgencia de la verdad. Su muerte fue un mensaje del poder: “Esto le pasa a quien se acerca demasiado”. Pero su legado es la pregunta que aún flota en el aire y que este relato se niega a dejar morir: ¿Quiénes estaban en la lista? ¿Quiénes eran los que cobraban? Algún día, quizás cuando los archivos de la curia romana se abran o cuando un investigador no tenga miedo a las represalias, los nombres de esa lista dejarán de ser fantasmas para convertirse en sentencias. Mientras tanto, nos queda la memoria y la obligación de no aceptar los “fuegos cruzados” como respuesta a los crímenes de los poderosos.

¿Qué sientes al saber que un portafolio con documentos pudo haber cambiado la historia de México? ¿Crees que después de tres décadas es posible alcanzar una justicia real en un caso tan protegido por el poder? Nos encantaría conocer tu opinión y tus sentimientos sobre esta historia de impunidad. Comparte tu perspectiva en los comentarios y ayúdanos a mantener viva la búsqueda de la verdad.