Ernesto Zedillo: El CRIMEN de Acteal y el ROBO de IMPUESTOS… 30 Años de una VERDAD ATERRADORA

El 22 de diciembre de 1997, el lodo de Acteal, en las montañas heladas de Chiapas, olía a cera quemada, a pino mojado y a sudor frío. No hubo preámbulos metafóricos ni advertencias divinas; el horror comenzó exactamente como ocurren las verdaderas tragedias: interrumpiendo lo sagrado. Cuarenta y cinco personas de la comunidad de “Las Abejas” estaban de rodillas sobre la madera cruda de una ermita, con los ojos cerrados, ayunando y rezando por la paz. Y entonces, el aire se rasgó. El sonido sordo del plomo atravesando la madera astillada se mezcló con los gritos ahogados de mujeres y niños que intentaban esconderse en la tierra misma. La masacre no duró un instante; se prolongó durante horas, una cacería humana metódica y brutal ejecutada entre la espesa niebla. Mientras la sangre caliente se mezclaba con el barro frío de la montaña, a casi mil kilómetros de distancia, los pasillos de mármol pulido de Los Pinos permanecían en un silencio absoluto, aséptico y burocrático. ¿Quién da la orden de disparar cuando nadie parece estar al mando? ¿Cómo se mide el silencio de un Estado mientras masacran a sus ciudadanos? ¿Y cómo es posible que el hombre que habitaba aquel palacio presidencial, rodeado de reportes de inteligencia y militares de alto rango, sea hoy celebrado en el mundo como un faro de la civilización?
Esta es la paradoja más grotesca de la historia mexicana moderna, la brecha insalvable entre la gloria pública y el infierno privado de una nación. Ernesto Zedillo Ponce de León fue construido, pieza por pieza, como el salvador impecable. Ante las cámaras internacionales y los consejos de administración globales, se erigió el mito del tecnócrata brillante, el profesor sosegado, el economista estoico que tomó un país en llamas y lo devolvió a la senda del progreso, entregando la democracia en bandeja de plata.
Pero detrás de esa vitrina inmaculada, debajo del cristal reluciente de su prestigio académico, yacía una fosa común de esperanzas y cadáveres. La distancia entre el Zedillo de los foros de Davos y el Zedillo de la memoria popular es la distancia que hay entre una ovación de pie en la Universidad de Yale y el grito de una madre tzotzil enterrando a su hijo. Es una tensión insoportable. Por un lado, el traje a la medida, el inglés perfecto, los gráficos de crecimiento macroeconómico; por el otro, el llanto ahogado de millones de familias arrojadas a la indigencia por un plumazo presidencial.
Hablan de su inteligencia financiera. Hablan de su temple para la transición. Hablan de su respeto por las instituciones. Pero no hablan del olor a pólvora estancada en Chenalhó. No hablan del sabor metálico del miedo en la boca de los pequeños empresarios que perdieron el trabajo de tres generaciones en una sola tarde de diciembre. No hablan de cómo la palabra “estabilidad” fue utilizada como una mordaza de seda para asfixiar a los más vulnerables. Zedillo habitó durante su sexenio —y habita hasta hoy— en una jaula de cristal blindado, un ecosistema donde las cifras cuadran perfectamente porque las lágrimas, los muertos y las deudas no se registran en los balances del Banco Mundial.
Para entender la raíz de este letargo moral, hay que volver al origen de su poder, una trampa psicológica de la que nunca pudo, ni quiso, escapar. Ernesto Zedillo no nació para ser rey; él era el contador del reino. Su llegada a la candidatura presidencial no fue producto del carisma ni del clamor popular. Su origen político estuvo manchado de sangre desde el primer minuto. El 23 de marzo de 1994, en el polvo asfixiante y el calor opresivo de Lomas Taurinas, Tijuana, el cráneo de Luis Donaldo Colosio fue destrozado por una bala. Con ese disparo colapsó el guion perfecto del viejo régimen priista. Zedillo, el coordinador de campaña, el operador frío que siempre caminaba un paso atrás, fue empujado hacia adelante. Recibió la silla presidencial como una herencia envenenada, impuesta por el dedo urgente de Carlos Salinas de Gortari, un sistema que necesitaba sobrevivir a su propia putrefacción.
Gobernó desde el pánico, atrapado en la sombra de un muerto y bajo el látigo de su antecesor. A los pocos días de asumir el poder, el país se hizo pedazos en sus manos con el “Error de Diciembre”. El peso se pulverizó. Para sobrevivir psicológicamente y políticamente a esa debilidad original, Zedillo necesitaba demostrar que él sostenía el cuchillo. La captura de Raúl Salinas de Gortari en 1995 fue exactamente eso: un acto de decapitación simbólica para limpiar su propia imagen de debilidad. Sin embargo, cuando un líder se forja en el terror de perder el control, su instinto no es proteger a los vulnerables, sino amurallar el castillo a cualquier precio.
Y así comenzó el descenso. Un proceso de gaslighting a escala nacional, una manipulación lenta y agonizante donde al pueblo se le convencía de que el veneno que le obligaban a tragar era, en realidad, medicina. El barco mexicano se hundía, y la decisión del tecnócrata fue salvar las vajillas de oro de la primera clase arrojando por la borda a los pasajeros de tercera. Así nació el Fobaproa. Con el tono burocrático y aburrido de un trámite más, se ejecutó el saqueo financiero más brutal de la historia del país. Las deudas podridas de 54 grupos de poder, los fraudes de banqueros y empresarios que habían jugado a la ruleta rusa con la economía, se convirtieron mágicamente en 97,000 millones de dólares de deuda pública.
Cayeron las papelerías de barrio. Cayeron los talleres mecánicos familiares. Cayeron los sueños de jóvenes que tuvieron que dejar la universidad para trabajar turnos dobles. Las deudas privadas de la élite mutaron en un impuesto generacional invisible que millones de ciudadanos seguirían pagando décadas después. Fue un estrangulamiento silencioso. Al mismo tiempo, en el sur, se desplegaba otra maquinaria de corrupción moral: el plan de campaña Chiapas 94. Bajo el disfraz de mesas de paz y diálogo frente a las cámaras, en la oscuridad de la selva se tejió una guerra de baja intensidad. Se organizaron grupos paramilitares, se militarizaron las veredas, se dividieron las comunidades. Al indígena organizado se le dejó de ver como un ciudadano con carencias para ser tratado como un virus de seguridad nacional que debía ser extirpado.
El daño colateral de estas decisiones quirúrgicas y gélidas dejó tras de sí un cementerio físico y emocional de un peso incalculable. En Chiapas, las víctimas fueron “Las Abejas”. No eran guerrilleros. No empuñaban fusiles. Eran indígenas católicos y pacifistas que se negaron a ser la carne de cañón del Estado o de la insurgencia. Por elegir la paz, fueron castigados con la aniquilación. Imaginen el terror absoluto de las mujeres tzotziles cubriendo con sus cuerpos a sus bebés en el lodo, escuchando cómo los asesinos recargaban las armas, sabiendo que la policía estatal estaba a unos kilómetros, inactiva, sorda y cómplice por omisión.
Y en las calles asfaltadas de las ciudades mexicanas, las víctimas del Fobaproa lloraban otro tipo de sangre. Padres de familia que, al abrir un sobre del banco, descubrían que la casa en la que veían crecer a sus hijos ya no les pertenecía. Negocios de veinte años de esfuerzo liquidados por intereses usureros que crecían durante la noche como tumores malignos. El dolor de una madre haciendo cuentas imposibles bajo la luz amarilla de la cocina, consciente de que le habían robado el futuro a sus nietos para salvar el jet privado de un banquero.
El clímax de esta historia, el momento de mayor decadencia del mito zedillista, no ocurrió en México, sino en el frío territorio judicial de Connecticut, catorce años después de los disparos de Acteal. En 2011, diez sobrevivientes indígenas, amparados bajo los seudónimos Jane Doe y John Doe porque el terror seguía respirando en sus nucas, interpusieron una demanda exigiendo 50 millones de dólares y, sobre todo, responsabilidad política. Fue el choque definitivo de dos mundos. Los sobrevivientes, con la tierra de Chenalhó aún bajo las uñas, intentando romper la muralla de cristal del expresidente.
Querían sentarlo frente a un tribunal. Querían que el mundo viera las grietas en el traje del académico. Por un segundo, pareció que el muro cedería. Pero el sistema protege a los suyos. El gobierno de los Estados Unidos intervino con la palabra mágica que anula la verdad: Inmunidad. No declararon que Zedillo fuera inocente; declararon que era intocable por haber sido jefe de Estado. El mazo del juez cayó, y con ese golpe seco se derrumbó la última ilusión de que la justicia internacional sirviera para los descalzos. Fue el colapso total. La confirmación de que la sangre indígena no tiene jurisdicción frente al poder corporativo y diplomático.
Hoy, la historia se bifurca en un silencio sepulcral, en un aftermath donde dos sobrevivencias corren en paralelo sin tocarse jamás. Ernesto Zedillo habita un cascarón vacío de prestigio. Vive en la soledad aséptica de la impunidad. Se sienta en los sillones de piel de los consejos de administración de corporaciones globales: Citigroup, Procter & Gamble, Alcoa, y en la ironía más grotesca de todas, Union Pacific. El hombre que firmó la sentencia de muerte de los ferrocarriles de pasajeros en México, entregando las vías a manos privadas y dejando a los pueblos incomunicados, hoy cobra dividendos del mismo negocio que privatizó. Su vida familiar es un espejo de las fisuras que dejó en la nación: los escándalos de sus hijos VIP peleando con escoltas de U2 en medio de un concierto, el abandono inicial de su hijo Nicolás con la actriz Erika Buenfil, y los oscuros murmullos no probados sobre su esposa Nilda Patricia. Es la imagen de un estadista hueco, respetado por todos en las aulas de Yale, pero incapaz de caminar por una plaza pública en su propio país sin mirar por encima del hombro.
Del otro lado, en la neblina persistente de las montañas chiapanecas, sobrevive la otra mitad de la historia. Las abejas de Acteal no tienen inmunidad diplomática. No dictan conferencias en inglés. Sobreviven en la memoria terca y dolorosa. Cada día 22 de cada mes, encienden velas sobre la misma tierra donde masacraron a sus familias. Viven en la pobreza, rodeados aún por el eco del peligro, sosteniendo el archivo vivo de su propia tragedia frente a un Estado sordo.
Al final, cuando las luces de los foros internacionales se apagan y los contratos bancarios se archivan, la historia nos deja una lección implacable sobre la naturaleza humana y el ejercicio del poder. El poder, desprovisto de empatía, es apenas una máquina refinada para administrar el dolor ajeno. Nos han querido enseñar que la estabilidad de un país se mide por el valor de su moneda o por el aplauso de Wall Street, pero cuando el costo de esa estabilidad se cobra exclusivamente en la mesa de los más pobres, en las casas rematadas de los trabajadores y en la sangre derramada de los indígenas, entonces ya no estamos hablando de una política de Estado exitosa. Estamos hablando de tiranía financiera.
Ernesto Zedillo pudo comprar los servicios de los mejores abogados del mundo. Pudo agenciarse el silencio de las cortes y asegurar su butaca en el panteón de los hombres de la globalización. Cruzó la frontera y construyó un palacio de cristal donde los gritos de Chiapas y el llanto del Fobaproa no logran atravesar las ventanas dobles. La impunidad puede otorgar refugio, puede regalar diplomas y puede asegurar la riqueza de cinco generaciones. Pero hay algo que la inmunidad nunca podrá comprar: la absolución de la memoria. Mientras haya un solo sobreviviente encendiendo una cera en Acteal, mientras haya un joven en México entendiendo que los impuestos que paga hoy son el rescate de los ricos de ayer, el expediente no se cerrará. El tiempo devora a los burócratas, pero la memoria, terca y luminosa, siempre sobrevive a los asesinos de escritorio.
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