EL SILENCIO DE LOS CIEN AÑOS

Yo, Luis Echeverría Álvarez. Centenario. Huésped distinguido de la impunidad.

Morí el 8 de julio de 2022. Cien años exactos respirando el aire que le negué a tantos otros. Morí en mi cama, en Cuernavaca, rodeado del calor de la tarde y no del frío de una celda. Las familias de los desaparecidos, los que sobrevivieron a las balas de Tlatelolco, los que cargaron el luto del Halconazo, todos esperaban un grito de justicia, una condena que nunca llegó. Esperaban que antes de irme, rompiera el cerco de silencio que construí con obsesiva burocracia durante décadas.

¿Dónde están los cuerpos? Esa era la pregunta que me perseguía, el susurro que se filtraba por las grietas de mi mansión en San Jerónimo. Nunca respondí. Elegí llevarme los nombres, las fechas, los lugares exactos de las detenciones clandestinas y los destinos finales de los “vuelos de la muerte” a la tumba. Cien años de silencio calculados para proteger un sistema que yo no inventé, pero que perfeccioné a escala industrial.

Se equivocan si creen que mi muerte cierra el caso. Se equivocan si piensan que el olvido es el destino final de la memoria de un pueblo. Mi cuerpo ya no está, pero los archivos se quedaron. Y esta semana, en una ironía del destino que me divierte desde el más allá, Omar García Harfuch, el hombre encargado de la seguridad en este nuevo régimen, accedió a los documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La policía política del PRI, el aparato de inteligencia que construí para documentar mi propio poder, ha empezado a hablar. Los secretos que creí enterrados conmigo en Cuernavaca están viendo la luz. Y por primera vez en 54 años, existe la posibilidad real de que esos archivos respondan lo que yo elegí callar.

Para entender la brutalidad de mi sexenio, primero hay que entender el sistema que me produjo. Nací en 1922, en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media acomodada. Estudié derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cuna de la burocracia dorada, y en 1946, con 24 años, me incorporé al Partido Revolucionario Institucional. No entré con manifiestos ideológicos ni ambiciones declaradas de poder. Entré con la comprensión implícita de que el PRI era el sistema y el sistema era el único camino para quien tuviera aspiraciones políticas en el México de la posguerra.

El PRI de esos años era una bestia que hoy es difícil de dimensionar. No era simplemente el partido gobernante; era la institución que organizaba al país entero. Controlaba los sindicatos obreros a través de la CTM, al campesinado con la CNC, a los burócratas con la FSTSE. Controlaba la prensa con subsidios de papel y amenazas veladas, y sobre todo, controlaba al ejército y a los servicios de inteligencia. En ese sistema, la Secretaría de Gobernación era la pieza clave. No era solo el Ministerio del Interior; era el centro de comando de la política interna, el control de los estados a través de gobernadores sumisos y el manejo discrecional de la DFS para silenciar cualquier disidencia.

Escalé por esa estructura durante 12 años, con la eficiencia del funcionario que entiende cómo funciona la maquinaria y la usa con precisión. Fui secretario particular del presidente del partido, director de administración, subsecretario, oficial mayor y finalmente, en 1964, secretario de Gobernación bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando llegué a ese cargo, ya conocía el sistema desde adentro mejor que casi cualquier otro funcionario. Sabía quiénes eran los agentes de la DFS, cómo operaban los sistemas de vigilancia y qué herramientas tenía disponibles cuando el sistema decidía que era necesario actuar. Eso es lo que hace al echeverrismo tan específicamente grave: no fue la brutalidad de un hombre que perdió el control, sino la brutalidad de un hombre que sabía exactamente lo que hacía y eligió hacerlo con la precisión de un funcionario que conoce cada palanca del sistema.

El año de 1968 fue el del movimiento estudiantil. Lo que empezó como una riña menor a finales de julio se radicalizó tras una respuesta policial desproporcionada. El Consejo Nacional de Huelga creció con una velocidad que el gobierno no calculó, agrupando a estudiantes de la UNAM, el Politécnico y las normales. Sus demandas no eran revolucionarias: diálogo público, liberación de presos políticos, desaparición de los granaderos, destitución de los jefes policiales. Demandas razonables de las que hoy cualquier gobierno hubiera dicho que sí a la mayoría. Pero para el sistema priista de 1968, negociar con quienes protestaban era inaceptable.

El sistema se basaba en la premisa de que no cedía ante la presión, porque reconocer legitimidad en la protesta abría la puerta a demandas de otros sectores ignorados durante décadas. Echeverría lo entendía mejor que nadie. Y a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, el primer escaparate olímpico en Latinoamérica, el movimiento estudiantil amenazaba la imagen de país moderno y estable que el PRI había construido.

No fue un accidente ni una respuesta espontánea al miedo. Fue una decisión política tomada semanas antes de que ocurriera. Yo presidía el comité de estrategia creado para desarrollar la respuesta del gobierno, y los documentos desclasificados de la inteligencia americana son explícitos: la planificación de Tlatelolco incluyó la participación del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar de contrainsurgencia infiltrado entre la multitud con un guante blanco en la mano izquierda para identificarse. A las 6:10 de la tarde, luces de bengala cruzaron el cielo. Fue la señal. Los disparos vinieron primero de los edificios, de los francotiradores del Batallón Olimpia, hacia los estudiantes atrapados en la plaza, sin salida, rodeados por el ejército. Durante media hora, Tlatelolco fue una trampa de muerte.

¿Cuántos murieron esa noche? El gobierno dijo 26. Octavio Paz citó estimaciones de 325. Nadie sabe la cifra exacta todavía, porque uno de los primeros actos del sistema tras la masacre fue hacer desaparecer los cuerpos, los registros, las pruebas. El fallo judicial de 2006 concluyó específicamente que Echeverría concibió, propuso y tuvo el dominio de ejecución de esa operación. Yo era el secretario de Gobernación, el hombre encargado de coordinar a todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Y el 3 de octubre, los periódicos mexicanos, con la complicidad del sistema, publicaron la versión oficial: que los estudiantes habían disparado primero. El encubrimiento mediático fue tan eficiente que las olimpiadas se inauguraron 10 días después sin que el mundo supiera la verdad.

Gustavo Díaz Ordaz terminó su sexenio en 1970 con la imagen del presidente que había mantenido el orden, y el secretario de Gobernación que había coordinado la represión fue el candidato natural del PRI para la presidencia. Gané con el 84.63% de los votos. Tlatelolco no tuvo consecuencias para mí. El sistema premiaba la eficiencia en la represión, no la vacilación.

Goberné con un discurso progresista y tercermundista en la tribuna internacional, promoviendo los derechos de los países en desarrollo y abriendo México a los exiliados de las dictaduras del cono sur. Pero el Echeverría de la tribuna era diferente al de las cárceles clandestinas. Y entonces llegó el 10 de junio de 1971.

Había estudiantes marchando en la Ciudad de México, en solidaridad con sus compañeros de Monterrey en huelga. Era la marcha más importante desde Tlatelolco. Llevaba seis meses como presidente y tenía la oportunidad de diferenciarme de Díaz Ordaz, de abrir espacios de diálogo. Elegí no hacerlo, porque el sistema que yo había operado desde adentro durante 12 años en Gobernación no funciona con diálogo, funciona con la demostración de fuerza. Los Halcones eran un grupo paramilitar organizado y entrenado en secreto por el ejército y la DFS durante los primeros meses de mi gobierno. Ese 10 de junio, la policía que supuestamente protegía a los estudiantes desapareció convenientemente. Los Halcones atacaron con una brutalidad sistemática, persiguiendo a los heridos hasta dentro de los hospitales. La cifra oficial fue de 17 muertos, pero otras investigaciones hablan de 120 o más. Ordené una investigación y luego la encubrí, señalando al jefe del departamento del Distrito Federal como el único responsable. El hombre que había organizado y desplegado a los Halcones encubría su propia operación.

Después del Halconazo, con el sistema habiendo demostrado que podía repetir la represión y salir impune de nuevo, vino la fase más sistemática y más larga de la represión política: la guerra sucia. No fue un escándalo esporádico, fue una política de estado sistemática y planificada. La DFS desarrolló la Brigada Blanca, una unidad especializada en la represión política que funcionaba como punta de lanza, realizando detenciones clandestinas y operando centros de tortura. La Brigada Blanca operaba con el máximo secreto, sin uniformes ni instalaciones oficiales, y sus integrantes podían actuar en cualquier estado del país con la anuencia de gobernadores priistas que entendían perfectamente su función.

El método era el terror calculado para enviar el mensaje de que el costo de la disidencia era demasiado alto. Se detenía a personas en operativos nocturnos, se las llevaba a instalaciones militares o a casas de seguridad clandestinas, y se las torturaba. Muchos de ellos nunca volvieron. Se les llamó los desaparecidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 1200 desaparecidos durante este periodo, pero estimaciones independientes hablan de hasta 2000 personas. El Pacífico mexicano es el cementerio sin lápidas de la guerra sucia del echeverrismo. Algunos activistas fueron torturados en cárceles clandestinas, algunos fueron arrojados vivos al mar desde aviones en los llamados vuelos de la muerte. Y los archivos de la DFS que Harfuch tiene esta semana pueden saber exactamente quiénes están ahí.

Jesús Piedra Ibarra, Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas… Nombres específicos que las organizaciones de derechos humanos llevan décadas pronunciando para que el sistema no pueda olvidar que esas personas existieron y que el Estado mexicano fue responsable de su desaparición. Rosario Ibarra de Piedra, una madre de Monterrey que nunca dejó de buscar a su hijo Jesús, fundó el comité Eureka y pronunció los nombres en las plazas públicas. El sistema le respondió con silencio durante décadas. Y yo, que viví cien años en mansiones, me llevé el paradero de Jesús Piedra Ibarra y de los miles de desaparecidos de mi sexenio a la tumba. Eligiendo el silencio, un crimen que duró cien años.

La Dirección Federal de Seguridad fue la policía política del PRI, la institución encargada de vigilar, infiltrar y reprimir. Acumuló un acervo documental sobre la vida política de México que no tiene equivalente: expedientes de políticos, periodistas, intelectuales, estudiantes activos en el movimiento del 68 y activistas de la guerra sucia. Y lo más importante: los registros de las operaciones que ella misma había ejecutado. Informes de infiltrados con detalles de reuniones del CNH, órdenes de operación firmadas que autorizaban detenciones clandestinas, registros de detenidos con fechas y lugares que pueden contener la información que las familias llevan 50 años buscando, y registros de los destinos finales de los “arrojados al mar”.

Cuando el gobierno de Fox liberó parte de los archivos en los años 2000, lo que salió fue suficiente para entender la escala de lo que el sistema había hecho. Pero lo más comprometedor no fue liberado: órdenes operacionales de la guerra sucia, registros de los desaparecidos, la cadena de mando completa. Los archivos que Harfuch tiene esta semana incluyen, según fuentes cercanas, esa parte que no fue liberada, suficiente detalle para establecer qué les ocurrió a los desaparecidos y la cadena de mando que conecta esas operaciones con los niveles más altos de mi ejecutivo. Eso no es historia abstracta; es el registro institucional del crimen, producido en tiempo real para su propio uso interno. Y si esos archivos dicen lo que las fuentes describen, entonces mi silencio de cien años se vuelve irrelevante, porque el sistema habló en sus propios documentos.

Yo viví cien años y morí en mi casa. Fui el único expresidente mexicano en ser procesado penalmente por genocidio y fui también el único que salió completamente libre. El sistema judicial de México siempre encuentra el mecanismo para que las consecuencias no lleguen a quien más las merece. No fue la justicia la que decidió que yo era inocente, fue el reloj. Pero yo me fui, y los archivos se quedaron. Y tienen la capacidad de decir con precisión qué orders se dieron, quién las firmó y a dónde fueron los desaparecidos. El 2 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció oficialmente que la masacre de Tlatelolco fue un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado mexicano. Un avance real, pero simbólico. Lo que los archivos de Harfuch pueden proveer es la verdad documental, el mapa exacto que las familias merecen, que conecte el reconocimiento político con la justicia incompleta que todavía puede ser completada. 2 de octubre, no se olvida. Nunca, nunca, jamás.